La estrategia de seguridad impulsada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona mantiene a San Luis Potosí entre las entidades con menor incidencia de homicidios dolosos del país, de acuerdo con lo señalado por el secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez.
El funcionario calificó como positivo el informe presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y destacó que para San Luis Potosí uno de los principales mensajes se relaciona con el fortalecimiento de la seguridad, además de infraestructura, movilidad, inversión y programas sociales.
Torres Sánchez aseguró que el estado se ha mantenido entre los tres primeros lugares nacionales con menor incidencia de homicidios, y contrastó los registros actuales con los niveles reportados durante 2020 y 2021.
Explicó que durante esos años se contabilizaron más de 600 homicidios por año, mientras que, de acuerdo con sus cifras, en agosto de este año se registraron alrededor de 40 casos.
El secretario agregó que el año pasado San Luis Potosí cerró con menos de 400 homicidios, lo que, afirmó, refleja una disminución relevante en este delito.
Más recursos para seguridad
Torres Sánchez atribuyó parte de estos resultados a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y al trabajo que ha encabezado Ricardo Gallardo con los municipios, además de la inversión destinada a fortalecer a las corporaciones de seguridad.
Detalló que durante el presente año administrativo se han canalizado más de 600 millones de pesos a seguridad pública, de los cuales alrededor de 200 millones corresponden al pago de salarios.
De acuerdo con el funcionario, el fortalecimiento de las condiciones laborales también forma parte de la estrategia estatal. Señaló que los policías potosinos se encuentran entre los mejor pagados del país y cuentan además con bonos de productividad, capacitación y herramientas tecnológicas.
Municipios, bajo la lupa por salarios policiales
En cuanto a la disposición para que los policías municipales reciban un salario mínimo de 14 mil pesos mensuales, el secretario general de Gobierno reconoció que todavía menos de la mitad de los municipios ha cumplido con esta obligación.
Ante esta situación, informó que se enviará un llamado a los ayuntamientos que permanecen pendientes para que atiendan la disposición vigente.
Torres Sánchez advirtió que el incumplimiento podría generar consecuencias administrativas, entre ellas multas e incluso inhabilitaciones, al tratarse de una norma de observancia obligatoria.
El funcionario defendió además la importancia de mejorar las condiciones económicas de los elementos de seguridad, al considerar que un policía mejor remunerado puede desempeñar su labor con mayor estabilidad y reducir factores de riesgo relacionados con actos de corrupción o la incorporación a grupos delictivos.
Finalmente, señaló que las acciones de seguimiento ya fueron solicitadas a través del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, con el propósito de revisar el cumplimiento de los municipios.
La administración de Ricardo Gallardo Cardona mantiene así como uno de sus principales frentes el fortalecimiento de las corporaciones, la coordinación institucional y la inversión en seguridad, mientras se busca que los municipios cumplan también con las condiciones laborales establecidas para sus policías.
