La supervisión de los recursos públicos también forma parte de la estrategia para fortalecer las instituciones y evitar que el dinero destinado a obras, servicios y programas termine fuera de los objetivos para los que fue asignado.
Con ese enfoque, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona encabezó la apertura de las Auditorías Integrales a Recursos del Gasto Federalizado de la Cuenta Pública 2025, un proceso mediante el cual los recursos ejercidos en San Luis Potosí serán sometidos a revisión por las instancias fiscalizadoras.
Durante el acto, Gallardo Cardona sostuvo que cada peso público debe estar sustentado, comprobado y disponible para su revisión.
“En San Luis Potosí las cuentas son claras. Cada peso que se gasta tiene que estar sustentado, comprobado y abierto a la fiscalización”, afirmó el gobernador.
El mandatario destacó que la revisión de los recursos permitirá fortalecer la coordinación entre las instituciones encargadas de vigilar el presupuesto y mejorar las herramientas para detectar posibles irregularidades.
En el evento participaron Aureliano Hernández Palacios, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y Rodrigo Lecourtois López, titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), además de autoridades estatales y representantes de los 59 municipios.
El proceso deriva del convenio de coordinación entre la ASF y el IFSE para la fiscalización superior del gasto federalizado, mediante el cual se busca homologar criterios, metodologías y procedimientos, así como fortalecer el intercambio de información y la capacitación.
Para el gobierno estatal, la revisión del gasto tiene una relación directa con la capacidad de entregar resultados a la población. La lógica planteada por Gallardo es que los recursos públicos destinados a infraestructura, servicios y programas deben poder seguirse desde su asignación hasta su aplicación.
En materia de seguridad, este tipo de controles también resulta relevante: una administración con mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas fortalece la confianza en las instituciones y permite exigir que los recursos destinados a atender las necesidades de la población tengan un destino comprobable.
Ricardo Gallardo Cardona reiteró que su administración mantendrá una política de apertura ante los procesos de fiscalización y que el objetivo final debe ser que el presupuesto se traduzca en resultados concretos para las familias potosinas.
El mensaje del gobernador fue claro: el dinero público no sólo debe gastarse; debe comprobarse, transparentarse y estar sujeto a revisión.
