En un mensaje contundente en materia de seguridad pública, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, advirtió que cualquier agente o director de corporación municipal que se encuentre coludido con grupos del crimen organizado será dado de baja de manera inmediata y sometido a los procesos internos correspondientes, sin excepciones.
En entrevista, el mandatario estatal informó que los cuerpos de seguridad de los ayuntamientos deberán presentar un diagnóstico puntual sobre el cumplimiento y la acreditación de las pruebas de control y confianza de cada uno de sus elementos, como parte de una depuración permanente de las corporaciones policiacas municipales.
Gallardo Cardona confirmó que esta determinación forma parte de los acuerdos establecidos en la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de la Paz, celebrada recientemente en el municipio metropolitano de Villa de Reyes, donde, pese a haber sido convocado oportunamente, no asistió el alcalde de Zaragoza, situación que fue señalada por el Ejecutivo estatal.
“El Estado no puede permitir que elementos policiacos coludidos con grupos delictivos estén encargados de la prevención del delito”, sentenció el gobernador, al reiterar que la limpieza y profesionalización de las corporaciones es una prioridad para garantizar la seguridad de la ciudadanía.
El titular del Ejecutivo reconoció que una de las principales problemáticas que enfrentan los municipios es la insuficiencia de personal policial, una situación generalizada en San Luis Potosí. Detalló que en la región, el municipio de Villa de Arriaga presenta el estado de fuerza más deficiente, con apenas 25 agentes en funciones.
En contraste, destacó que los municipios con mayor número de elementos corresponden a la capital potosina, con aproximadamente mil 500 policías, y Soledad de Graciano Sánchez, con alrededor de 700 elementos, lo que refleja la desigualdad en la capacidad operativa entre corporaciones municipales.
Con estas acciones, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona refrenda su compromiso con una estrategia de seguridad firme y sin concesiones, enfocada en combatir la corrupción, fortalecer la coordinación interinstitucional y garantizar corporaciones confiables al servicio de la ciudadanía.
