Con el objetivo de fortalecer la seguridad y protección de las mujeres potosinas, el Gobierno de San Luis Potosí, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, impulsa la coordinación entre las instituciones encargadas de prevenir, atender y dar seguimiento a situaciones de riesgo y violencia contra las mujeres.
Como parte de estas acciones, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), Jesús Juárez Hernández, participó en la firma de un convenio interinstitucional en las instalaciones de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres), encabezada por su titular, Roxana Hernández Ramírez.
El acuerdo también fue suscrito por la fiscal general del Estado, Manuela María García Cázares, y la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, con la finalidad de establecer bases de colaboración y fortalecer el trabajo conjunto entre las dependencias.
Entre los principales objetivos del convenio se encuentra el desarrollo de planes, programas, formatos, indicadores y sistemas que permitan dar seguimiento a las órdenes de protección emitidas en favor de las mujeres, así como evaluar los avances y las acciones realizadas por cada una de las instituciones participantes.
La coordinación entre seguridad pública, procuración de justicia, el Poder Judicial y las autoridades especializadas en atención a las mujeres busca mejorar el intercambio de información y facilitar el seguimiento institucional de las medidas de protección.
En este esquema, la participación de la SSPCE resulta relevante para articular las acciones de seguridad con las demás autoridades involucradas, particularmente en los casos que requieren atención y respuesta ante posibles situaciones de riesgo.
Con estas acciones, la administración de Ricardo Gallardo Cardona busca fortalecer los mecanismos institucionales de protección para las potosinas, mediante una mayor coordinación entre las autoridades y el seguimiento de las medidas destinadas a salvaguardar su integridad.
El alcance del convenio dependerá de su implementación, de los mecanismos de evaluación que se establezcan y de la capacidad de las instituciones participantes para traducir los acuerdos en acciones oportunas y efectivas.
