El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, impulsa una estrategia de justicia y seguridad que contempla la revisión de casos de personas privadas de la libertad que cumplen con los requisitos establecidos por la ley para acceder a beneficios como la preliberación o libertad anticipada.
Por indicaciones del mandatario estatal, el secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, sostuvo una reunión virtual con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, para dar seguimiento a los trabajos del Comité Permanente de Preliberaciones y fortalecer la coordinación entre San Luis Potosí y la Federación.
Desde la perspectiva de seguridad, el análisis de cada expediente busca determinar que las personas beneficiadas cumplan con las condiciones legales y no representen un riesgo para la sociedad, al tiempo que se favorece una reinserción social adecuada.
Durante 2026, 345 personas han obtenido algún beneficio de preliberación, libertad anticipada o amnistía federal, de acuerdo con información de la administración estatal.
El Comité revisa perfiles específicos, entre ellos personas indígenas, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y quienes enfrentan enfermedades crónico-degenerativas o terminales. También se contemplan casos de prisión preventiva prolongada.
Torres Sánchez señaló que estos procesos se realizan mediante la coordinación de las áreas de Prevención y Reinserción Social, la Defensoría Pública, la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial, con el objetivo de que cada determinación se tome con apego a derecho y responsabilidad.
La administración de Ricardo Gallardo Cardona plantea que una política de seguridad efectiva también debe contemplar la reinserción social, evitando que quienes cumplen con las condiciones legales permanezcan privados de su libertad de manera innecesaria y reduciendo, al mismo tiempo, los riesgos para la sociedad.
El seguimiento a estos casos forma parte de las acciones que el Gobierno del Estado reportará rumbo a su Quinto Informe de Gobierno, en una estrategia que busca combinar seguridad, aplicación de la ley y oportunidades de reinserción.
