El Congreso del Estado comenzó el análisis de la iniciativa enviada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona para reformar la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley del Sistema de Seguridad Pública estatal y municipal, con el objetivo de garantizar un retiro digno para los elementos de seguridad pública de los municipios.
El presidente de la Directiva del Congreso, diputado Cuauhtli Badillo Moreno, informó que la propuesta fue recibida el pasado 30 de julio y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Se espera que, tras su dictaminación, sea llevada al Pleno en un próximo Periodo Extraordinario de Sesiones.
La iniciativa busca otorgar certeza jurídica a los policías municipales, asegurar la sostenibilidad financiera de los ayuntamientos y establecer un marco normativo que respete la autonomía municipal. Entre las medidas contempladas, se prevé que los cuerpos de seguridad puedan acceder a pensiones, jubilaciones o retiros bajo esquemas administrados por instituciones públicas de seguridad social o modelos equivalentes que cumplan criterios de viabilidad financiera y transparencia.
El documento también plantea la creación de fondos de pensiones, esquemas contributivos y convenios de coordinación, permitiendo que cada municipio implemente el sistema de manera gradual según su capacidad presupuestal. Esto, en armonía con el principio de autonomía municipal y el marco jurídico nacional establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada el 16 de julio de 2025.
Actualmente, los elementos de seguridad estatal ya cuentan con cobertura pensionaria a través de la Dirección de Pensiones del Estado, pero a nivel municipal persisten vacíos legales y operativos que dificultan el acceso a prestaciones de retiro.
De aprobarse, los ayuntamientos tendrán 120 días para realizar ajustes normativos internos y, en el siguiente ejercicio fiscal, deberán contemplar en su presupuesto una partida específica para financiar estos esquemas de previsión social. Los derechos pensionarios ya adquiridos se respetarán, y los beneficiarios podrán optar voluntariamente por incorporarse a los nuevos sistemas.
