La sobrepoblación en los centros penitenciarios de San Luis Potosí llevó al gobernador Ricardo Gallardo Cardona a plantear la construcción de un sexto penal rumbo a 2027, ante la presión que enfrenta el sistema estatal por el incremento de personas privadas de la libertad.
El mandatario informó que los cinco centros penitenciarios que presentan saturación operan aproximadamente al 120 por ciento de su capacidad, situación que, explicó, está relacionada, entre otros factores, con el aumento de las detenciones de personas presuntamente vinculadas con la venta de sustancias ilícitas.
“Estamos al 120 por ciento”, señaló Gallardo Cardona al referirse a la ocupación penitenciaria y a la necesidad de ampliar la infraestructura para responder a las condiciones actuales del sistema.
El gobernador sostuvo que los cambios implementados en coordinación con el Poder Judicial han contribuido a que personas sujetas a procesos penales permanezcan detenidas mientras se resuelve su situación jurídica, en los casos que así corresponde.
Asimismo, afirmó que cerca del 80 por ciento de las personas recluidas en los centros penitenciarios estatales están vinculadas con el narcomenudeo. Esta proporción corresponde a la declaración del mandatario y no se acompañó de un desglose estadístico en la información proporcionada.
Traslados y acciones para atender la saturación
Como parte de las medidas para disminuir la presión sobre las cárceles estatales, Gallardo Cardona informó que más de 100 personas privadas de la libertad han sido trasladadas a centros penitenciarios federales.
De acuerdo con el mandatario, estos movimientos se realizan periódicamente, con grupos de alrededor de 20 internos cada tres o cuatro meses.
El titular del Ejecutivo también atribuyó parte del incremento en las detenciones al trabajo de la Guardia Civil Estatal (GCE), al señalar que la corporación registra entre 80 y 90 detenciones semanales de presuntos narcomenudistas en las cuatro regiones de San Luis Potosí.
Estas cifras fueron referidas por el gobernador y no se detalló si corresponden exclusivamente a detenciones que derivaron en prisión preventiva, procesos judiciales o sentencias condenatorias.
Videovigilancia y reconocimiento facial en tareas de seguridad
Otro de los puntos destacados por el gobernador fue el uso de herramientas tecnológicas para identificar a personas con órdenes de aprehensión, antecedentes o requerimientos relacionados con investigaciones penales.
Gallardo explicó que los sistemas de videovigilancia y reconocimiento facial pueden generar alertas cuando identifican a personas registradas en bases de datos de búsqueda, incluso cuando acuden a instalaciones gubernamentales, como la Fiscalía General del Estado, la Guardia Civil Estatal o las oficinas de Finanzas.
Según lo expuesto, estas herramientas contribuyen a detectar posibles coincidencias y facilitar la intervención de las autoridades correspondientes. La identificación tecnológica, sin embargo, debe ser corroborada por las instancias competentes antes de determinar la situación jurídica de una persona.
El reto penitenciario rumbo a 2027
La propuesta de construir un sexto penal abre un nuevo capítulo en la estrategia de seguridad de San Luis Potosí, al colocar la capacidad penitenciaria entre los desafíos que deberá atender la administración estatal.
Además de ampliar los espacios disponibles, la saturación plantea retos relacionados con las condiciones de internamiento, la clasificación de las personas privadas de la libertad, la seguridad al interior de los centros y la reinserción social.
Hasta la información proporcionada no se detallaron la ubicación, el costo estimado ni el calendario de construcción del nuevo centro penitenciario.
El planteamiento de Ricardo Gallardo Cardona busca responder a la presión que enfrenta el sistema estatal ante el aumento de detenciones. Su viabilidad y alcance dependerán de la planeación, los recursos asignados y las medidas que se adopten para garantizar condiciones adecuadas de internamiento y respeto a los derechos humanos.
